Cada vez que se produce el secuestro de una gran cantidad de droga o se desbarata una sofisticada organización que la trafica, la mayoría de nosotros experimenta sensaciones encontradas.
Por un lado, la celebración de una noticia que es indudablemente buena. Por otro, la inquietud que nos produce asomarnos a un mundo oscuro y paralelo con el que convivimos sin darnos mucha cuenta. Para el primer caso no sería fácil calcular cuánta salud o cuánta vida ha sido preservada por cada tonelada de cocaína que se saca de circulación. Ni puede estimarse en qué medida afecta al narcotráfico que alguno de sus segmentos sea desactivado. Es muy posible que de un lado o del otro alguna vida se haya salvado.
Para muchos, la solución parece simple: legalizar todas las drogas. Transferir a la industria farmacéutica o a otros sectores de la economía formal la explotación de estos productos, como ocurría antes de la prohibición decretada en el inicio del siglo pasado. ¿Por qué el mundo, lejos de tomar esta decisión, avanza hacia mayores controles sobre las drogas que fueron eximidas de estas regulaciones, como el alcohol y el tabaco? La respuesta es simple, aunque pocos la dicen: porque sólo las drogas legalizadas, como el tabaco y el alcohol, triplican el número de muertos producidos en cualquier guerra narco como la de México.
Para algunos, las drogas son principalmente un problema de seguridad interior. Son los que más se alegran cuando se secuestran grandes cantidades de cocaína que tenían por destino a Europa. Todos debemos celebrar el éxito de ese procedimiento. Para otros, las drogas son principalmente un problema de salud pública, y entendemos que éste es el bien social y jurídico que el mundo ha decidido tutelar, asumiendo los costos de las regulaciones en términos de vidas que se protegen. Somos los que nos alegramos más cuando se pone preso aquí a quienes les venden a nuestros jóvenes en nuestros barrios.
Entre mayo y junio de 2004 se encaró, desde la Subsecretaría de Atención de las Adicciones de Buenos Aires -que entonces funcionaba en el área de Salud-, un estudio sobre el total de pacientes en emergencias hospitalarias. El 76% de los asistidos como consecuencia de hechos violentos ingresó intoxicado por alcohol u otras drogas. Lo mismo se verificó en el 38% de los aprehendidos en comisarías, y se estimó que un porcentaje cercano al 60% de los episodios de violencia en calles y en hogares tenían el mismo factor común.
¿Qué tipo de sustancias se relacionan con estos ingresos hospitalarios y en qué medida? El alcohol fue la droga presente en el 76,9% de los asistidos; la cocaína (como clorhidrato), en el 20,5%; los tranquilizantes, en el 7,7%; las anfetaminas, en el 5,1%; el flunitrazepan y la marihuana, en el 2,6%. No debe confundirse este listado con el de peligrosidad de las drogas. La marihuana no es menos nociva que el tabaco; es que al ser una droga regulada, se consume 140 veces menos.
Nuestro país necesita rápidamente encontrar un equilibrio entre estos dos frentes: la persecución penal del tráfico internacional y lo que nos ocurre a nosotros con las drogas. Un ejemplo de este desencuentro es la discusión sobre la ley de desfederalización de drogas aplicada en la provincia de Buenos Aires desde 2004. Quienes la consideran desde la perspectiva de la persecución criminal tienen todo el derecho a cuestionar sus alcances, pero esta ley está basada en la protección de la salud. Desbaratar la venta al menudeo tiene efectos mucho más importantes sobre la salud de nuestra gente que detener un avión con 944 kilogramos de cocaína con destino a otros mercados. De ninguna manera puede considerarse «perejiles» a los que descerebran gente en nuestros barrios. Todos los países que exigen a la Argentina mejorar sus controles sobre el tráfico internacional de drogas aplican políticas internas que protegen prioritariamente a sus habitantes. Los datos aquí expuestos ponen de relieve que nosotros también debemos llegar a un acuerdo para hacerlo.
