Holanda cumple «muchas características de un narcoestado», dijo la Asociación de Policía Holandesa (NPB) en un informe enviado al Parlamento para denunciar la falta de personal y de recursos que impiden lidiar con cuatro de cada cinco casos relacionados con las drogas o la prostitución forzada.
El informe advierte que los agentes afrontan «demasiados problemas» para hacer su trabajo, a pesar de que hace dos años se alertó sobre el auge de una economía ilegal.
La NPB concluye que hay una sobrecarga de trabajo que impide a los policías investigar una fracción importante de delitos, que puede llegar a cuatro de cada cinco casos de criminalidad que ocurren en diferentes puntos del país.
El ministro holandés de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, se mostró en desacuerdo con ese informe y negó ante el Parlamento que Holanda sea «un narcoestado». Según el ministro, existe una «lucha exitosa contra el crimen organizado y el narcotráfico» en el país, aunque reconoció que «aún quedan» cosas que resolver en la guerra contra la delincuencia.
En la década de los años 70, Holanda decidió despenalizar la venta y uso de la marihuana y hachís en establecimientos especialmente habilitados. Hay estudiosos que piensan que esta política de drogas ha sido un fracaso, y sólo ha contribuido a transformar al país en un destino turístico para el libre consumo de marihuana y hachís.
Los delincuentes aprovechan esta situación para «convertirse en empresarios ricos con intereses en la industria hotelera y el mercado de la vivienda» y están convirtiendo Holanda es un «narcoestado», donde el tráfico de drogas prospera y la mayoría de los grupos delictivos «campan a sus anchas», en opinión de esos expertos.
«Los policías se sienten defraudados y los ciudadanos son las víctimas. La policía nacional sigue siendo cualquier cosa menos una máquina bien engrasada», concluye el informe.
